The Guilty Code

El Desobligado Poder Legislativo

mayo 2, 2016 Opinion
Por Gabriel Bauducco (@GabrielBauducco)

Y un asunto más: en la mayoría de los casos, los temas que resuelven son los que tienen que ver con la agenda política y no con las necesidades de la población. No hace falta ir muy atrás en el tiempo para encontrar ejemplos.

En el período de sesiones que terminó la semana pasada quedaron varios temas sin tratar que –prometen– serán resueltos en sesiones extraordinarias. No lograron ponerse de acuerdo en la creación de un modelo de policía eficaz para los estados. Si acaso ya no un mando único (mandato presidencial) al menos un modelo mixto entre las estatales y las municipales (como propone el PAN, en activa promoción del coordinador de los diputados de ese partido, Marko Cortés). Y vaya que el tema de la seguridad debería ser un asunto prioritario en la agenda legislativa. Ni la presión de los organismos internacionales sobre casos como el de Iguala alcanzaron para que los legisladores hagan de una buena vez lo que fueron llamados a hacer: velar por los intereses de la población. ¿Que no son nuestros representantes?

Ley3de3

Y en contra de algunos pronósticos optimistas, desde luego tampoco fue destrabada la ley que permitiría el uso de la marihuana con fines científicos y medicinales y que cambia la cantidad permitida para portación de uso personal de 5 a 28 gramos por persona. Ahí está el senador panista (¿les extraña?) Ernesto Cordero, como principal detractor. Entre los argumentos que más han sonado, es que el problema no es subir la cantidad del consumo personal (aunque probablemente ese sí sea el problema de muchos legisladores, lo que pasa es que resulta muy antipopular decirlo), sino el pequeñísimo detalle que no contempla la iniciativa enviada por el presidente: no regula la comercialización. Es decir: puedes tenerla, pero venderla es delito y cultivarla también.

O sea que en ese esquema, lo único que queda claro es que una mega red de narcomenudeo y corrupción seguiría en pie.

Senadores

Ese, por cierto, es otro de los asuntos que quedó sin resolver en este período. Una ley robusta en materia de anticorrupción. Esperábamos por fin, un instrumento legal que castigara en serio la corrupción instalada en casi todos los niveles de gobierno. Pues no, resulta que en lo que votaron, la corrupción de los funcionarios públicos es solo una “falta administrativa”. A México, la corrupción le cuesta unos 100 mil millones de dólares al año, ha publicado la revista Forbes. Y el Banco Mundial ha estimado que la corrupción representa el 9% del producto interno bruto. Una verdadera locura para un país que necesita de cada centavo que produce para paliar las necesidades más básicas de tanta gente.

Pero nuestros legisladores (no todos, claro), consideran que la corrupción no es una falta administrativa y ni un delito. ¿Qué tal?

PenaNieto

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