The Guilty Code

Los legisladores sin vergüenza y la Ley 3 de 3

junio 20, 2016 Opinion
Los legisladores se burlaron de 634 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa de Ley 3 de 3. Y en vez de aplicar la obligación de ser transparentes a políticos y funcionarios, la aplicaron a ciudadanos.

Por Gabriel Bauducco (@GabrielBauducco)

Ellos quieren una revolución, supongo, porque lo que acaban de hacer, es sencillamente insultante. Ellos, los de siempre y los nuevos también, nos están viendo la cara. Ellos, los que tuvieron en sus manos la petición de 634 mil ciudadanos que firmaron para avalar una ley que obligue a los funcionarios públicos y candidatos a presentar una declaración patrimonial, de impuestos y de intereses (gracias a la iniciativa 3 de 3), no tienen vergüenza, pero sí ánimos de venganza.

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Ellos, son la mayoría de los legisladores de este bendito país, que la semana pasada decidieron desoír un pedido popular de semejante magnitud y burlarse de nosotros. ¿Qué hicieron? Desestimaron el espíritu del pedido y a última hora agregaron un artículo por el cuál los sujetos obligados no son los candidatos y los funcionarios, sino todo ciudadano que reciba recursos del estado. Y eso, hasta el momento, incluye no sólo a los empresarios, sino también –dada la ambigüedad de la redacción– a cualquiera que esté relacionado de alguna manera. Becas y planes sociales incluidos. También los empleados de las empresas que presten servicios al Estado.

Ahora, el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dice que los legisladores de su bancada estudiarán “cambios de fondo”, con el fin de precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inciso C, para asegurar que no haya lugar a que se interprete que empleados de empresas que prestan servicios al Estado, o quienes reciben becas o son beneficiarios de programas sociales, puedan ser sujetos de declaración de intereses. Lo que no ha dicho Beltrones, y seguramente no dirá, es que regresarán a ver al más de medio millón de personas que pidió que sean los políticos y no los ciudadanos, quienes tengan que hacer públicos sus ingresos, sus impuestos y sus intereses.

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De acuerdo con la ley, el ejecutivo federal –o sea el Presidente de la República– tiene 30 días para hacer las observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, ese es el tiempo que tiene para ejercer su poder de veto. Si no lo hace, se entenderá su beneplácito por la ley aprobada . Entonces cuenta con 10 días naturales para hacer la promulgación y publicar la ley en el Diario Oficial.

Miguel Ángel Mancera, ha dicho que se trata de una “vendetta”. Y sí. Eso parece. Los ciudadanos piden una cosa a los políticos y los políticos, sin más, se la aplican –porque pueden hacerlo– directo a los ciudadanos.

Ellos, quieren una revolución, parece.

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